La reclamación económico-administrativa será admisible contra los actos que a continuación se expresan y que hayan sido dictados en materia de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia del Excmo. Ayuntamiento de Málaga o de Entidades de derecho público dependientes o vinculadas al mismo:

1. Los que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber.
2. Los de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o pongan término al procedimiento.

En concreto y a título de ejemplo, son impugnables en vía económico-administrativa:

• Las liquidaciones provisionales o definitivas.
• Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de autoliquidación.
• Los que denieguen o reconozcan exenciones o bonificaciones tributarias.
• Los que impongan sanciones tributarias.
• Los dictados en el procedimiento de recaudación en vía de apremio.
• Las resoluciones de recursos de reposición interpuestos en relación a los actos de anterior mención.
• Los que, distintos de los anteriores, se consideren expresamente impugnables en esta vía por la normativa tributaria.

No son susceptibles de impugnación en vía económico-administrativa municipal:

• Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o laboral, o pongan fin a dicha vía.
• Los actos de imposición de sanciones no tributarias, por ejemplo las sanciones de tráfico. Si bien pueden ser impugnados los actos dictados en el procedimiento de recaudación seguido para el cobro en período ejecutivo de las deudas derivadas de dichas sanciones.
• Los actos de gestión censal del I.A.E. y catastral del I.B.I. competencia de los órganos de la Administración del Estado.

La reclamación se inicia mediante un escrito que ha de reunir, como mínimo, los siguientes requisitos:

• Identificación del reclamante: nombre y apellidos o razón social y número de D.N.I. o N.I.F. En caso de actuar mediante representante ha de acreditarse dicha representación mediante poder notarial, documento privado con firma legalizada notarialmente o conferirla “apud acta” ante el propio Jurado Tributario. Resultando conveniente reseñar teléfono de contacto o dirección de correo electrónico.
• Acto que se impugna o actuación contra la que se reclama, siendo muy útil acompañar copia del mismo.
• Domicilio a efectos de notificaciones. El posterior cambio de domicilio debe también comunicarse, pues son válidas las notificaciones dirigidas al antiguo, si no consta el cambio al nuevo.
• Firma del reclamante o, en su caso, del representante.

Resulta igualmente conveniente indicar que se trata de una reclamación económico-administrativa.

Si bien no es obligatorio el utilizar para su presentación modelo oficial alguno, en la página web, en el apartado de formularios e impresos, se facilita un modelo de reclamación, así como de otorgamiento de representación.

El escrito puede limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta la reclamación, pero también puede incluir las alegaciones en que base su derecho, las pruebas que se proponen y aportar los documentos que se estimen convenientes.

El plazo para la interposición de la reclamación es el de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado.

En el supuesto de que se interponga la reclamación habiéndose interpuesto previamente recurso de reposición, el plazo se computará desde el día siguiente a aquel en que se haya notificado la resolución del recurso o una vez transcurrido un mes sin que se haya resuelto el mismo.

El último día del plazo coincide con el mismo día de la notificación pero del mes siguiente, así tenemos que si se notifica un acto el 5 de marzo, el plazo para interponer la reclamación comprende desde el 6 de marzo al 5 de abril. En el supuesto de que no hubiese día equivalente en el mes siguiente, se entenderá que el plazo vence el último día del mes, esto es, si la notificación se produce el 31 de mayo, el plazo vence el 30 de junio al no existir el día 31 de junio. Si el último día de plazo para recurrir es inhábil se entiende prorrogado el plazo hasta el primer día hábil siguiente.

Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, por ejemplo recibos de IBI, IVTM, etc., el aludido plazo se computará a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes, obligados tributarios u otros obligados al pago.