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Diligencia de Embargo de Saldos en Cuentas Corrientes: Alega que la cuenta corriente se nutre en exclusiva y con habitualidad de sueldos percibidos por persona distinta del deudor, aunque el deudor es el titular de la cuenta en la que se ha practicado el embargo. No se acredita fehacientemente la cotitularidad de la cuenta corriente, presupuesto necesario para que resulta de aplicación el art. 171.2 de LGT. Desestimación.

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El reclamante plantea la cuestión de si ha quedado suficientemente acreditado su derecho a disfrutar de la exención por minusvalía prevista en el art. 93.1.e) de la Ley de Haciendas Locales. La cuestión se resuelve a favor de la concesión de la exención en tanto en cuanto el art. 1.2 de la Ley 51/2003 debe interpretarse de conformidad con el RD 1414/2006, en cuanto a la no exigencia del certificado de la comunidad autónoma de modo que, a la fecha de resolución de la solicitud de exención fiscal, concretamente el día 7/2/2007, no era exigible, en el caso que nos ocupa, el requisito de aportación del certificado oficial expedido por el Centro de Valoración y Orientación de Minusválidos de la Junta de Andalucía.

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La reclamación económico-administrativa presentada por "ENTIDAD DOS" impugna la resolución del vicetesorero municipal de Málaga que declaró la afección de varios inmuebles al pago del IBI de 2011 y 2012, tras el impago por parte de la anterior propietaria, "ENTIDAD UNO", declarada en concurso y posteriormente extinguida. La reclamante alega prescripción de la deuda, argumentando que han transcurrido más de cuatro años sin interrupción del plazo. Sin embargo, la resolución desestima la reclamación, señalando que la prescripción quedó interrumpida por la declaración de concurso de "ENTIDAD UNO" en 2012 y su extinción en 2020, reiniciándose el cómputo desde esa fecha. Se confirma la obligación de "ENTIDAD DOS" como responsable subsidiaria conforme a la normativa vigente, dado que adquirió los inmuebles con la afección tributaria preexistente, lo que permite a la Administración exigirle el pago.

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La reclamación interpuesta el 4 de abril de 2024 impugna la desestimación de un recurso de reposición contra la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). La reclamante alega que la transmisión del inmueble no generó incremento de valor y solicita la devolución del impuesto. La resolución desestima la reclamación, ya que la interesada no aporta las declaraciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones necesarias para acreditar la inexistencia de incremento de valor. Ante esta ausencia de prueba, la Administración aplica el método objetivo para determinar la base imponible del impuesto, conforme a la normativa vigente. Además, se señala que la reclamante usa valores de escrituras de herencia de 2017 y 2021 en lugar de los valores correspondientes a las fechas de fallecimiento de los causantes en 2012 y 2017, lo que impide una comparación válida con el precio de transmisión. En consecuencia, se confirma la liquidación impugnada y la resolución por la que se desestima el recurso de reposición, al considerarse ajustadas a derecho

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La reclamante impugnó la diligencia de embargo de un bien inmueble, dictada en los procedimientos ejecutivos 0.000.000 y 0.000.000, por impago de multas coercitivas impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Alegó que la deuda debía haber quedado suspendida en fase voluntaria de cobro y que se vulneraron los principios de proporcionalidad, prelación y menor onerosidad, solicitando la anulación del embargo. El tribunal determinó que no existía acuerdo de suspensión del procedimiento de recaudación, por lo que el inicio del período ejecutivo era procedente. Además, concluyó que el embargo de cuentas, créditos y bienes inmuebles se realizó conforme a la normativa y era necesario para garantizar el cobro de la deuda, ya que se habían agotado otras vías de recaudación. También se verificó que el proceso no resultó desproporcionado, dado que no se llegó a la venta del inmueble, sino que la deuda fue pagada por la interesada. En consecuencia, se resolvió la desestimación de la reclamación, considerando que la actuación de la Administración se ajustó a derecho.