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El reclamante impugna la diligencia de embargo de cuentas corrientes dictada en el procedimiento ejecutivo 0.000.000 por impago del IBI de 2023, alegando que vendió el inmueble el 31 de julio de 2023 y que la parte compradora debe asumir la parte proporcional del impuesto. Sin embargo, el tribunal señala que el IBI se devenga el 1 de enero de cada año y que, en esa fecha, el reclamante era el titular del inmueble, por lo que está obligado al pago del impuesto de todo el ejercicio. Además, la oposición a una diligencia de embargo solo es posible por motivos tasados en la ley, entre los que no se encuentra la alegación del reclamante. Dado que el acto impugnado se ajusta a derecho, el tribunal desestima la reclamación.

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La reclamación económico-administrativa presentada por "ENTIDAD DOS" impugna la resolución del vicetesorero municipal de Málaga que declaró la afección de varios inmuebles al pago del IBI de 2011 y 2012, tras el impago por parte de la anterior propietaria, "ENTIDAD UNO", declarada en concurso y posteriormente extinguida. La reclamante alega prescripción de la deuda, argumentando que han transcurrido más de cuatro años sin interrupción del plazo. Sin embargo, la resolución desestima la reclamación, señalando que la prescripción quedó interrumpida por la declaración de concurso de "ENTIDAD UNO" en 2012 y su extinción en 2020, reiniciándose el cómputo desde esa fecha. Se confirma la obligación de "ENTIDAD DOS" como responsable subsidiaria conforme a la normativa vigente, dado que adquirió los inmuebles con la afección tributaria preexistente, lo que permite a la Administración exigirle el pago.

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La resolución trata de una reclamación económico-administrativa contra la denegación de una bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de una vivienda en Málaga, correspondiente al ejercicio 2024. La bonificación fue solicitada por una persona por su condición de familia numerosa, pero fue rechazada porque el solicitante tenía deudas pendientes con el Ayuntamiento de Málaga, correspondientes al IBI del año 2023, que no se pagaron en el periodo voluntario. La normativa aplicable, basada en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Málaga, establece que para acceder a la bonificación, el solicitante debe estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias. En este caso, como la deuda del IBI de 2023 fue pagada fuera de plazo y mediante embargo en 2024, se incumplió este requisito. Por lo tanto, la reclamación es desestimada y se confirma la denegación de la bonificación solicitada.

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Grupo Reclamante, S.L. interpuso una reclamación económico-administrativa contra la desestimación de su recurso de reposición frente al embargo realizado por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, derivado del impago en período voluntario del IBI de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. La empresa argumentó que la deuda estaba prescrita conforme al artículo 66.b) de la Ley General Tributaria, que establece un plazo de prescripción de cuatro años para exigir el pago de deudas tributarias. Tras analizar la documentación, el Tribunal determinó que, entre la notificación de valoración de bienes (13/12/2018) y la notificación del requerimiento de bienes (09/07/2023), no se realizó ninguna actuación con eficacia interruptiva de la prescripción, ya que los intentos de notificación de actos de mero trámite, como la anotación preventiva de embargo, no interrumpen dicho plazo. En consecuencia, el Tribunal concluyó que el derecho de cobro de la Administración había prescrito, lo que llevó a la estimación de la reclamación y a la anulación del embargo, al considerarlo contrario a derecho.

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La reclamante impugnó la diligencia de embargo de un bien inmueble, dictada en los procedimientos ejecutivos 0.000.000 y 0.000.000, por impago de multas coercitivas impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Alegó que la deuda debía haber quedado suspendida en fase voluntaria de cobro y que se vulneraron los principios de proporcionalidad, prelación y menor onerosidad, solicitando la anulación del embargo. El tribunal determinó que no existía acuerdo de suspensión del procedimiento de recaudación, por lo que el inicio del período ejecutivo era procedente. Además, concluyó que el embargo de cuentas, créditos y bienes inmuebles se realizó conforme a la normativa y era necesario para garantizar el cobro de la deuda, ya que se habían agotado otras vías de recaudación. También se verificó que el proceso no resultó desproporcionado, dado que no se llegó a la venta del inmueble, sino que la deuda fue pagada por la interesada. En consecuencia, se resolvió la desestimación de la reclamación, considerando que la actuación de la Administración se ajustó a derecho.