Sinopsis

La reclamación se interpone contra la notificación de una diligencia de embargo de bienes inmuebles en dos expedientes ejecutivos por impago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La entidad reclamante solicita la anulación de la deuda alegando la falta de notificación de las liquidaciones, providencias de apremio y diligencias de embargo. Sin embargo, el análisis del expediente muestra que todas las notificaciones se practicaron conforme a lo establecido en los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015 y el artículo 45.2 del Real Decreto 203/2021, que regulan las notificaciones electrónicas. Se acreditó que la Administración envió avisos de puesta a disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga y, al no haber sido consultadas en el plazo legal, se consideraron notificadas de pleno derecho en las fechas correspondientes. Dado que las notificaciones se realizaron conforme a la normativa vigente, se desestiman las alegaciones sobre la falta de notificación y, en consecuencia, se acuerda desestimar la reclamación al considerar los actos impugnados ajustados a derecho.

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Responsabilidad Subsidiaria. Insolvencia de la deudora principal. Desestimación. La reclamante alega suspensión del procedimiento para declarar la responsabilidad subsidiaria de la mercantil en concepto de deudas tributarias al estar pendiente de resolución la suspensión, en sede judicial, asimismo alega imposibilidad de aportar garantía bancaria y por ello vulneración del derecho a la defensa. Este Tribunal resuelve que no se produce tal menoscabo porque en el Auto se dio la oportunidad para aportar garantía y no se hizo.

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EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. Alegaciones: la prescripción del derecho de esta Administración a exigir el pago de las cantidades que en concepto de ejecución subsidiaria se le reclaman. ESTIMACIÓN: las cantidades que se exigen en concepto de ejecución subsidiaria tienen la consideración de ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria y que en cuanto tales les resulta de aplicación los plazos prescriptivos contemplados en el artículo 15 de la Ley, 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción mencionado sin que, por otro lado, conste se haya realizado actuación alguna susceptible de haber producido su interrupción, procede estimación.

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PROVIDENCIA DE APREMIO: DESESTIMACIÓN. Tanto la sanción como la providencia de apremio fueron correctamente notificadas, constando en el expediente documentos que así lo acreditan. En cuanto a la prescripción que se alega, se aplica la doctrina del Tribunal Supremo, sentencia de 22/9/2008, relativa a que no se puede entender iniciado el cómputo del plazo de prescripción de la sanción por la tardanza de la Administración en resolver el recurso interpuesto.

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DILIGENCIA DE EMBARGO: DESESTIMACIÓN. Únicamente son admisibles alegaciones por los motivos tasados establecidos en el art. 170.3 de la Ley General Tributaria. Queda acreditado en el expediente que la notificación del apremio fue correcta, intentándose por dos veces en el último domicilio conocido del sancionado y acudiendo a la publicación por comparecencia tras el resultado de ausente de aquellos intentos.