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Reclamación contra Providencia de Apremio por falta de pago de ICIO. Alega prescripción, pues cuando se le notifica la providencia de apremio recurre por considerar que no se le había notificado la liquidación y que en el año 2004 la deuda estaba prescrita, pues la obra databa del año 99. Se trata de un expediente de inspección tributaria en el que el Acta de Disconformidad se publicó por edictos, al igual que la Liquidación definitiva dimanante de ella, después de intentos de NOTIFICACIÓN personal en un DOMICILIO que No es el del Padrón de Habitantes. Se considera que los intentos de notificación en un domicilio llamado fiscal pero que no consta en ninguna parte que lo sea, sin intentar la notificación en el domicilio que figuraba en el Padrón no son suficientes a los efectos de considerar que se ha interrumpido la prescripción con una acción administrativa realizada con conocimiento formal del interesado, ART. 68 LGT 2003. Al no haber interrupción, desde la Fecha en que las Obras pudieron iniciarse, que se estima al no probarse por la Administración, hasta que la liquidación se notifica por edictos ha transcurrido el plazo de 4 años previsto en el art. 64 LGT 1963, vigente al tiempo de los hechos. Se aplica el art. 69.2 LGT 2003, según el cual la prescripción se aplicará de oficio. Cuando la providencia de apremio se notifica, la deuda estaba extinguida por prescripción, por lo que se estima la reclamación.

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Reclamación que se inadmite porque, habiéndose requerido al interesado para acreditar la representación que decía ostentar, aporta unos poderes generales que no están inscritos en el Registro Mercantil, cuando el art. 94 del Reglamento de Registro Mercantil ordena inscribir obligatoriamente en la hoja abierta a cada sociedad, entre otros actos, los poderes generales y las delegaciones de facultades, así como su modificación, revocación y sustitución. Al no haberse hecho así, resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 48.4 del Reglamento del Jurado, procediendo la declaración de inadmisibilidad por defecto de representación.

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La Consejería de Cultlura empieza a recurrir en el año 2001 contra el IBI de la Biblioteca Pública Provincial y del Archivo Histórico Provincial, solicitando la exención del impuesto, por ser Bien de Interés Cultural. Existe Sentencia del Jurado de lo Contencioso Administrativo 2 desestimando la demanda de la Junta. Siguió la Junta solicitando la exención con ocasión del segundo plazo del impuesto del año 2003, que dio lugar a la desestimación del recurso de reposición, notificado el día 30 de diciembre de 2004, frente al cual interpuso reclamación el día 17 de febrero de 2005, es decir, fuera del plazo legal de un mes, por lo que se inadmite por extemporaneidad de la reclamación

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Eficiacia del documento privado de para acreditar la fecha en que se produjo la compraventa. Inadmisión alegación referente a nulidad de pleno derecho por haber prescindido de modo absoluto del procedimiento legalmente establecido, carente de fundamento.

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Reclamación contra Recibos de IBI que se siguen girando a nombre del antiguo titular, que resultó expropiado por el propio Ayuntamiento de Málaga. El problema planteado consistir en determinar quién es SUJETO PASIVO del impuesto, que, según el art. 63 LRHL, es la personal que ostente la titularidad del derecho que sea constitutivo del hecho imponible, al tiempo del DEVENGO del impuesto, que es el primer día del período impositivo, coincidente con el año natural. Art. 75.3 DE LA ANTIGUA LRHL: las alteraciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquel en que tuvieren lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos administrativos correspondientes; HOY, ART. 76: Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este Impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. Art. 13 LEY CATASTRO INMOBILIARIO, de 5 de marzo de 2004. La resolución estima la pretensión, declarando que en 2003 a la fecha del devengo la condición de sujeto pasivo del IBI solo concurría en el reclamante, pero en 2004 era sujeto pasivo sólo de la parte que no fue expropiada por el Ayuntamiento y en 2005 perdió totalmente su dominio y con ello la condición de sujeto pasivo.