Sinopsis

La resolución responde al cumplimiento del fallo judicial dictado en la sentencia 2896/2023, en relación con la reclamación económico-administrativa núm. 199/2021, presentada contra la liquidación por la Tasa por utilización privativa del dominio público para líneas eléctricas de alta tensión, correspondiente al ejercicio 2017. La reclamante solicita la anulación de la liquidación alegando la ilegalidad de la ordenanza fiscal, la falta de motivación, errores en la base imponible, y mediciones aproximadas en la longitud del tendido eléctrico. El Jurado Tributario desestima las alegaciones, concluyendo que: 1. Carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la ordenanza fiscal, ya que su función se limita a revisar actos concretos de aplicación tributaria. 2. La motivación de la liquidación es suficiente, ya que la empresa fue notificada adecuadamente y tuvo acceso a los informes aplicados en el procedimiento. 3. La medición de la línea eléctrica se notificó y no fue contradicha mediante pruebas por la reclamante. 4. La liquidación se ajusta a la Ordenanza Fiscal núm. 41, aplicando correctamente las tarifas establecidas, incluidos los incrementos por altura y número de cables. Asimismo, se considera correcta la forma en que se identificaron los tramos de dominio público ocupados (mediante nombre de las vías y representación gráfica), dado que carecen de referencia catastral.

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La reclamación se interpone contra la notificación de una diligencia de embargo de bienes inmuebles en dos expedientes ejecutivos por impago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La entidad reclamante solicita la anulación de la deuda alegando la falta de notificación de las liquidaciones, providencias de apremio y diligencias de embargo. Sin embargo, el análisis del expediente muestra que todas las notificaciones se practicaron conforme a lo establecido en los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015 y el artículo 45.2 del Real Decreto 203/2021, que regulan las notificaciones electrónicas. Se acreditó que la Administración envió avisos de puesta a disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga y, al no haber sido consultadas en el plazo legal, se consideraron notificadas de pleno derecho en las fechas correspondientes. Dado que las notificaciones se realizaron conforme a la normativa vigente, se desestiman las alegaciones sobre la falta de notificación y, en consecuencia, se acuerda desestimar la reclamación al considerar los actos impugnados ajustados a derecho.

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Grupo Reclamante, S.L. interpuso una reclamación económico-administrativa contra la desestimación de su recurso de reposición frente al embargo realizado por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, derivado del impago en período voluntario del IBI de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. La empresa argumentó que la deuda estaba prescrita conforme al artículo 66.b) de la Ley General Tributaria, que establece un plazo de prescripción de cuatro años para exigir el pago de deudas tributarias. Tras analizar la documentación, el Tribunal determinó que, entre la notificación de valoración de bienes (13/12/2018) y la notificación del requerimiento de bienes (09/07/2023), no se realizó ninguna actuación con eficacia interruptiva de la prescripción, ya que los intentos de notificación de actos de mero trámite, como la anotación preventiva de embargo, no interrumpen dicho plazo. En consecuencia, el Tribunal concluyó que el derecho de cobro de la Administración había prescrito, lo que llevó a la estimación de la reclamación y a la anulación del embargo, al considerarlo contrario a derecho.

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La reclamante impugnó la diligencia de embargo de un bien inmueble, dictada en los procedimientos ejecutivos 0.000.000 y 0.000.000, por impago de multas coercitivas impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Alegó que la deuda debía haber quedado suspendida en fase voluntaria de cobro y que se vulneraron los principios de proporcionalidad, prelación y menor onerosidad, solicitando la anulación del embargo. El tribunal determinó que no existía acuerdo de suspensión del procedimiento de recaudación, por lo que el inicio del período ejecutivo era procedente. Además, concluyó que el embargo de cuentas, créditos y bienes inmuebles se realizó conforme a la normativa y era necesario para garantizar el cobro de la deuda, ya que se habían agotado otras vías de recaudación. También se verificó que el proceso no resultó desproporcionado, dado que no se llegó a la venta del inmueble, sino que la deuda fue pagada por la interesada. En consecuencia, se resolvió la desestimación de la reclamación, considerando que la actuación de la Administración se ajustó a derecho.

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El reclamante impugna la resolución que desestima su recurso contra la liquidación del ICIO, alegando su derecho a exención como entidad religiosa inscrita y acogida al régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro, en virtud del Acuerdo entre España y la Santa Sede. Inicialmente, el órgano gestor rechaza la exención argumentando que el centro no es estrictamente religioso. Sin embargo, el tribunal reconoce que dicha exclusión no está expresamente prevista y que existen precedentes que confirman la aplicación de la exención en casos similares, como una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga. En consecuencia, se estima la reclamación, se revoca la resolución impugnada y se anula la liquidación del impuesto.