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La reclamante interpuso reclamación en relación con el IIVTNU derivado de una transmisión. La finca fue adquirida el 22 de febrero de 2018 por 202.126,70 € y vendida posteriormente por 400.000 €. La liquidación impugnada se emitió a raíz de una solicitud del 23 de junio de 2020 y fue abonada el 9 de diciembre de ese mismo año. La reclamante solicitó la devolución de ingresos indebidos el 2 de noviembre de 2021, pero esta fue desestimada el 4 de octubre de 2023. Frente a ésta resolución interpuso recurso de reposición contra cuya desestimación interpone la presente reclamación. Jurídicamente, se analiza la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en relación con la inconstitucionalidad de determinados preceptos del TRLHL. Se concluye que la liquidación impugnada es firme, pues no fue recurrida antes de la STC 182/2021. Se descarta la inexistencia de incremento de valor, ya que la comparación de escrituras evidencia un beneficio económico. También se rechaza el carácter confiscatorio de la liquidación, dado que la cuota a pagar (4.131,85 €) es notablemente inferior al incremento patrimonial obtenido (197.873,30 €). En consecuencia, se confirma la desestimación de la reclamación.

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Reclamación económico-administrativa interpuesta contra una diligencia de embargo de cuentas corrientes, derivada del impago de una multa coercitiva acordada por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Al tratarse de un ingreso de derecho público no tributario, la competencia del Jurado Tributario se limita a verificar la legalidad del procedimiento de recaudación, no del acto urbanístico previo. La entidad reclamante alega la imposibilidad de cumplir con los trabajos requeridos por causas ajenas a su voluntad, argumento que no encuentra acomodo en los motivos tasados para impugnar una diligencia de embargo que establece el artículo 170.3 de la Ley General Tributaria. Dado que las alegaciones presentadas se refieren al fondo del procedimiento urbanístico y no al procedimiento ejecutivo de recaudación, el tribunal carece de competencia para valorar dichos argumentos. En consecuencia, se propone la desestimación de la reclamación, al considerarse que el embargo fue dictado conforme a derecho.

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La reclamación económico-administrativa presentada por "ENTIDAD DOS" impugna la resolución del vicetesorero municipal de Málaga que declaró la afección de varios inmuebles al pago del IBI de 2011 y 2012, tras el impago por parte de la anterior propietaria, "ENTIDAD UNO", declarada en concurso y posteriormente extinguida. La reclamante alega prescripción de la deuda, argumentando que han transcurrido más de cuatro años sin interrupción del plazo. Sin embargo, la resolución desestima la reclamación, señalando que la prescripción quedó interrumpida por la declaración de concurso de "ENTIDAD UNO" en 2012 y su extinción en 2020, reiniciándose el cómputo desde esa fecha. Se confirma la obligación de "ENTIDAD DOS" como responsable subsidiaria conforme a la normativa vigente, dado que adquirió los inmuebles con la afección tributaria preexistente, lo que permite a la Administración exigirle el pago.

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La reclamación interpuesta el 4 de abril de 2024 impugna la desestimación de un recurso de reposición contra la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). La reclamante alega que la transmisión del inmueble no generó incremento de valor y solicita la devolución del impuesto. La resolución desestima la reclamación, ya que la interesada no aporta las declaraciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones necesarias para acreditar la inexistencia de incremento de valor. Ante esta ausencia de prueba, la Administración aplica el método objetivo para determinar la base imponible del impuesto, conforme a la normativa vigente. Además, se señala que la reclamante usa valores de escrituras de herencia de 2017 y 2021 en lugar de los valores correspondientes a las fechas de fallecimiento de los causantes en 2012 y 2017, lo que impide una comparación válida con el precio de transmisión. En consecuencia, se confirma la liquidación impugnada y la resolución por la que se desestima el recurso de reposición, al considerarse ajustadas a derecho

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La resolución trata de una reclamación económico-administrativa contra la denegación de una bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de una vivienda en Málaga, correspondiente al ejercicio 2024. La bonificación fue solicitada por una persona por su condición de familia numerosa, pero fue rechazada porque el solicitante tenía deudas pendientes con el Ayuntamiento de Málaga, correspondientes al IBI del año 2023, que no se pagaron en el periodo voluntario. La normativa aplicable, basada en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Málaga, establece que para acceder a la bonificación, el solicitante debe estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias. En este caso, como la deuda del IBI de 2023 fue pagada fuera de plazo y mediante embargo en 2024, se incumplió este requisito. Por lo tanto, la reclamación es desestimada y se confirma la denegación de la bonificación solicitada.