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Reclamación interpuesta contra la liquidación correspondiente a la tasa por aprovechamiento del dominio público local en concepto de vado, relativa a los ejercicios 2021 a 2024. El reclamante solicita que la tasa solo se le cobre desde octubre de 2024, alegando que no usó el vado antes de esa fecha. Sin embargo, consta en el expediente administrativo que el inmueble cuenta con una puerta apta para la entrada y salida de vehículos desde años anteriores, lo que implica la realización del hecho imponible desde que se dispone de dicha instalación, independientemente del uso efectivo que se haya podido realizar. Según la normativa fiscal aplicable (Ley de Haciendas Locales y Ordenanza Municipal nº 42), el simple hecho de contar con una infraestructura que permite el aprovechamiento especial del dominio público, como es un acceso para vehículos, supone la realización del hecho imponible del tributo y, en consecuencia, la obligación del pago de la tasa.

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Reclamación contra una diligencia de embargo dictada en el procedimiento ejecutivo derivado del impago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la instalación de placas solares. Aunque el reclamante alega falta de notificación de la liquidación, se acredita que esta fue correctamente notificada en sede electrónica. No obstante, el embargo se dictó antes de notificarse la resolución del recurso de reposición interpuesto contra la providencia de apremio, lo que vulnera la doctrina del Tribunal Supremo y del TEAC. Por ello, el Jurado Tributario estima parcialmente la reclamación, manteniendo la validez de la providencia de apremio, pero anulando las actuaciones posteriores, incluido el embargo, y ordena la devolución de los importes cobrados indebidamente en concepto de costas e intereses.

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El reclamante impugna la diligencia de embargo de cuentas corrientes dictada en el procedimiento ejecutivo 0.000.000 por impago del IBI de 2023, alegando que vendió el inmueble el 31 de julio de 2023 y que la parte compradora debe asumir la parte proporcional del impuesto. Sin embargo, el tribunal señala que el IBI se devenga el 1 de enero de cada año y que, en esa fecha, el reclamante era el titular del inmueble, por lo que está obligado al pago del impuesto de todo el ejercicio. Además, la oposición a una diligencia de embargo solo es posible por motivos tasados en la ley, entre los que no se encuentra la alegación del reclamante. Dado que el acto impugnado se ajusta a derecho, el tribunal desestima la reclamación.

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La resolución analiza una reclamación contra una diligencia de embargo de cuentas emitida por el Ayuntamiento de Málaga por una deuda derivada de una incorrecta retención del IRPF en 2020. Aunque la reclamante cuestiona el fondo de la deuda, el tribunal únicamente puede revisar aspectos formales del embargo y no el contenido de la liquidación original. Sin embargo, consta en el expediente que se intentó notificar la providencia de apremio en domicilio postal cuando la interesada había solicitado expresamente ser notificada por sede electrónica. Este error vulnera el procedimiento legal, por lo que el tribunal estima parcialmente la reclamación y anula el embargo, ordenando la devolución de lo cobrado en exceso.

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La reclamante interpuso reclamación en relación con el IIVTNU derivado de una transmisión. La finca fue adquirida el 22 de febrero de 2018 por 202.126,70 € y vendida posteriormente por 400.000 €. La liquidación impugnada se emitió a raíz de una solicitud del 23 de junio de 2020 y fue abonada el 9 de diciembre de ese mismo año. La reclamante solicitó la devolución de ingresos indebidos el 2 de noviembre de 2021, pero esta fue desestimada el 4 de octubre de 2023. Frente a ésta resolución interpuso recurso de reposición contra cuya desestimación interpone la presente reclamación. Jurídicamente, se analiza la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en relación con la inconstitucionalidad de determinados preceptos del TRLHL. Se concluye que la liquidación impugnada es firme, pues no fue recurrida antes de la STC 182/2021. Se descarta la inexistencia de incremento de valor, ya que la comparación de escrituras evidencia un beneficio económico. También se rechaza el carácter confiscatorio de la liquidación, dado que la cuota a pagar (4.131,85 €) es notablemente inferior al incremento patrimonial obtenido (197.873,30 €). En consecuencia, se confirma la desestimación de la reclamación.