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Se desestiman las alegaciones de falta de notificación reglamentaria de la sanción, en tanto se comprueba que se produjeron los debidos intentos y posterior publicación en BOP, así como de falta de motivación de la resolución objeto de reclamación, dado que se sí se resolvieron adecuadamente las distintas alegaciones que realiza el recurrente.

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Tasa de Basura: Incumplimiento del deber de notificar la baja: Especificación en Ordenanza y en los recibos que se expiden: Falta de interpretación razonable de la norma. Sanción art. 198.1 L.G.T.Desestimación.

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Examinado el expediente, se entiende que no queda suficientemente acreditado el acto administrativo que se pretendió notificar, así como que no se produjo la notificación edictal a que resultaba obligado el Ayuntamiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Solicitud de baja temporal de un vehículo de más de treinta años, efectuada en calidad de titular por quien ha adqurido el vehículo pero que todavía no tiene inscrita su titularidad en el Registro de Vehículos. La resolución contra la que se interpone la reclamación sostiene que la solicitud de baja tempora debe reputarse hecha a favor del anterior titular y que la nueva transmisión del vehículo revoca dicha baja, considerándose de alta el vehículo al no haber sido solicitada de nuevo la baja por el actual adquirente. La baja temporal fue solicitada por el nuevo adquirente, en calidad de titular, según el documento aportado y además el interesado aporta certificado del Registro de Vehículos según el cual adquirió el vehículo y pidió la baja en igual fecha. Se tiene en cuenta esta certificación y se estima la reclamación.

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El reclamante alega como motivos de oposición la falta de notificación de la sanción y la prescripción de la misma, siendo desestimado el primero por no ser de los enumerados como motivos únicos de oposición frente a la diligencia de embargo por el art. 170.3 de la Ley General Tributaria, y el segundo por constar actuaciones interruptivas de la prescripción que se producen antes de cumplirse el plazo previsto en el art. 83.1 de la Ley de Seguridad Vial.