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Se desestima la reclamación al considerar que la autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) presentada en diciembre de 2020 ya era firme cuando se dictó la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 de octubre, ya que no había sido impugnada ni se había solicitado su rectificación con anterioridad a esa fecha, por lo que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial establecida, su situación se halla consolidada y no puede ser revisada con fundamento en dicha sentencia.

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La resolución estima las reclamaciones presentadas contra la denegación de la bonificación del IIVTNU solicitada por las interesadas tras la transmisión mortis causa de una finca en 2022, al considerar que, pese a que el Catastro asigna al inmueble un uso de “comercio”, queda acreditado que se trataba de la vivienda habitual del causante, pues tanto éste como las reclamantes estaban empadronados allí desde al menos 1996, lo que constituye prueba suficiente de residencia habitual; dado que la Ordenanza municipal exige para la bonificación únicamente que se trate de la vivienda habitual del causante y que los adquirentes acrediten convivencia durante los dos años anteriores al fallecimiento —requisitos que concurren—, procede anular la resolución impugnada y reconocer el derecho de las reclamantes a la bonificación aplicable.

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El Jurado Tributario estima parcialmente la reclamación y anula la providencia de apremio, por considerar que la liquidación del IIVTNU no fue notificada correctamente en periodo voluntario al realizarse los intentos de notificación en un domicilio diferente al señalado por la recurrente para tales efectos, lo que invalida el procedimiento de apremio; sin embargo, desestima la alegación de caducidad del procedimiento, ya que el retraso en la emisión de la liquidación no conlleva su caducidad sino sólo la no exigencia de intereses de demora, por lo que la Administración deberá notificar correctamente la liquidación para continuar el procedimiento.

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La reclamación se interpone contra la diligencia de embargo dictada por el impago, en período voluntario, del primer plazo del IBI 2024 de una finca urbana. El reclamante solicita anular la deuda y el embargo, alegando que no fue notificado ni del pago voluntario ni de la providencia de apremio, y que ya había vendido el inmueble en julio de 2024. El Jurado Tributario desestima la reclamación porque, de conformidad con la legislación vigente (Ley de Haciendas Locales y Ley General Tributaria), el IBI se devengó el 1 de enero de 2024, fecha en la que el reclamante aún figuraba como titular del inmueble, por lo que era sujeto pasivo del impuesto. Además, consta en el expediente que, tanto la providencia de apremio, como la diligencia de embargo fueron correctamente notificadas a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga.

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Reclamación económico-administrativa frente a diligencia de embargo dictada por impago del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del ejercicio 2024. Alega falta de notificación de la deuda en período voluntario y solicita la anulación de las costas y del recargo de apremio. DESESTIMACIÓN: Se concluye que la deuda deriva de un tributo de cobro periódico incorporado a lista cobratoria, cuya notificación colectiva es válida conforme al artículo 102.3 de la Ley General Tributaria. Además, al figurar la reclamante como titular del inmueble, a fecha 1 de enero de 2024, le corresponde legalmente la obligación de pago del IBI. Las alegaciones presentadas no se ajustan a los motivos legalmente establecidos para impugnar una diligencia de embargo, según el artículo 170.3 de la LGT. El embargo fue dictado conforme a derecho, procediendo a confirmar su validez.