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Reclamación contra Liquidación, dimanante de Inspección Tributaria, por la Tasa por Aprovechamiento del Subsuelo. La cuestión objeto de debate es cómo debe tributar la Empresa operadora de Telecomunicaciones por la Tasa de los años 2001 y 2002 y si su conducta es merecedora de sanción tributaria: norma general y norma especial, siendo ésta de aplicación a las emrpesas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario. No es procedente que la Corporación Municipal se base en los escasos ingresos brutos de la empresa para negarle la aplicación del régimen especial de tributación, porque ello supone discriminación de las empresas que inician su actividad y porque el régimen general sólo obliga cuando, por inicio de actividad u otra cicunstancia, la empresa no tenga ingresos brutos en alguna anualidad, que no es el caso. Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2001, que reitera doctrina de otra de 31 de diciembre de 1979, sobre la naturaleza de las empresas suministradoras de servicios públicos, que tienen vocación para suministrar a todo el vecindario, si pudieran, por lo que se cumple el requisito objetivo de que afectan a la generalidad o a la mayor parte del vecindario. Respecto a la SANCIÓN TRIBUTARIA, es Infracción Grave no presentar o presentar fuera de plazo los documentos necesarios para que la Administración haga la liquidación tributaria, y aquí se da el elemento de hecho de la infracción, pero su importe, al ser un porcentaje, deberá acomodarse a la cuota tributaria que deberá satisfacer conforme a la norma especial de tributación que se le debe aplicar y no se le aplicó, por lo que también se anula. Se estima la reclamación.

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Conferido plazo para alegaciones, no comparece el día señalado para la vista del expediente ni formula ninguna, por lo que se declara la inadmisibilidad a tenor de los arts. 51, en relación con el 48.4 del Reglamento Orgánico.

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Devengo del ICIO: en el momento de iniciarse las obras. En el sistema fiscal municipal anterior a 2004, el ICIO se satisfacía mediante autoliquidación, que debía presentarse en el plazo de un mes a contar de la fecha de inicio de las obras. A partir de 2004, se establece el sistema de liquidación provisional a cuenta una vez concedida la licencia, tal como dispone el artículo 103.1 TRLRHL. La reclamación se desestima porque el sistema de gestión es legal, pero se recomienda que, dado que existe en Málaga la costumbre de conceder la licencia y de posteriormente EXPEDIRLA, y que entre uno y otro momento transcurren varios meses, para evitar la excesiva anticipación del pago y su alejamiento del momento real del devengo, se vincule la liquidación provisional al documento de EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA.

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Reclamación contra Providencia de Apremio por falta de pago de Cuotas de Entidad Urbanística de Conservación. Se alega la imposibilidad de identificar la deuda, considerando el Jurado que, efectivamente, la providencia de apremo que fue notificada al interesado adolece de omisiones que impiden la correcta identificación de la deuda: no se identifican las cuotas urbanísticas reclamadas, ni la Entidad a la que se deben, ni el período a que se refieren, ni la finca sobre la que recaen: mediante la lectura de la providencia de apremio no se puede identificar la deuda que se exige.

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Reclamación contra Liquidación Complementaria de RECARGO por ingreso tardío de Autoliquidación de ICIO. El único dato sobre el inicio de las obras, a partir del cual comenzaba el plazo de un mes para autoliquidar, lo aportó el interesado, que presentó un certificado de inicio de obras, ingresando después la cantidad autoliquidadada, pero dos días más tarde del plazo de un mes. Cuando se le notifica el recargo, presenta un nuevo certificado en el que declara que la fecha de incio fue realmente dos días más tarde, por lo que la autoliquidación la efectuó dentro del plazo de un mes. El Jurado estima la reclamación porque, aún dudando del certificado que rectifica al anterior, la Administración carece de todo elemento de prueba sobre la fecha de inicio de las obras, estando sólo a lo que manifiesta el obligado tributario, por lo que nada puede oponer a las declaraciones de éste, aunque las rectifique.