Sinopsis

Transmisión de una finca, clasificada como suelo urbanizable no programado, que es objeto de un Programa de Actuación Urbanística: la aprobación de éste hace que la finca se convierta en un bien sujeto al impuesto. El DEVENGO del impuesto tiene lugar en el momento de la transmisión: como la venta se ha documentado en escritura, ésta es la fecha que resulta relevante para entender realizada la transmisión con plenitud de efectos jurídicos. Sanciones: Se exige que la conducta típica se subsuma exactamente en el tipo infractor. Problema con la exigencia del tributo por autoliquidación. (ver resoluciones 77 y siguientes de 2005). Al no conocerse el valor catastral el tributo no puede exigirse por autoliquidación, sólo cabe imponer la obligación formal de notificar la transmisión, es decir, la declaración. Se estima la reclamación en cuanto a las sanciones por preferirse la del art. 78.1.a) LGT 1963.

Sinopsis

No se identifica el acto contra el que se reclama, que al parece procede de un procedimiento de apremio de una deuda de tráfico del año 2002. Es un procedimiento antiguo, seguramente terminado. Se inadmite por aplicación del art. 48.4c) del Reglamento Orgánico.

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No se identifica el acto contra el que se reclama, que al parece procede de un procedimiento de apremio de una deuda de tráfico del año 2002. Es un procedimiento antiguo, seguramente terminado. Se inadmite por aplicación del art. 48.4c) del Reglamento Orgánico.

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No se identifica el acto contra el que se reclama, que al parece procede de un procedimiento de apremio de una deuda de tráfico del año 2002. Es un procedimiento antiguo, seguramente terminado. Se inadmite por aplicación del art. 48.4c) del Reglamento Orgánico.

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Reclamación contra Providencia de Apremio dictada por falta de Pago de Liquidación de Tasa por Recogida de Basura Industrial y de Liquidación de IAE. Se alega que al dictarse la providencia de apremio la deuda estaba suspendida mediante resolución expresa y garantizada por medio de aval. Efectivamente, la resolución que accedió a la suspensión no fue alzada expresamente y sigue prestado el aval dado en garantía, por lo que cuando se dictó la providencia de apremio el procedimiento en ejecutiva estaba suspendido por la propia resolución municipal, aunque se hubiera interpuesto recurso contencioso administrativo sin pedir la suspensión y no se solicitara el mantenimiento de la suspensión acordada en vía administrativa.