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El reclamante alega falta de motivación de la resolución del recurso de reposición, aunque no lo fundamenta, acordando la desestimación en tanto la resolución impugnada valora y resuelve todas las alegaciones realizadas por el recurrente.

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Los intentos de notificación que condujeron a las publicaciones por edictos deben considerarse insuficientes a los efectos de justificar correctas las notificaciones pretendidas, pues adolecen de defectos que impiden estimar que se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 59.2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que exige que la notificación se practique en el domicilio del interesado. Además, debe entenderse que las sanciones impuestas y, posteriormente, la providencia de apremio dictada, no se notificaron correctamente y que, en consecuencia, no se llevaron a cabo actuaciones con eficacia interruptiva de la prescripción, antes de que ésta se entendiera producida, debe entenderse también concurrente la causa de prescripción prevista en los artículos 170.3 de la Ley General Tributaria de 2003, declarando prescrito el derecho de la Administración a cobrar la deuda objeto del procedimiento de apremio

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Procede la estimación de la reclamación al concurrir la causa de impugnación prevista en el artículo 167.3.c) de la Ley General Tributaria, en concreto, la falta de notificación de la liquidación -en este caso, sanción-, obrando en el expediente dos intentos de notificación de la misma, en el domicilio del reclamante, sin constancia de la hora en la que se realizaron, lo cual no permite afirmar que se hicieran de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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Intentada la notificación de la sanción con resultado de dirección incorrecta, se procedió a la publicación en el BOP, pero no en el tablón de edictos del último domicilio conocido, motivo suficiente para acordar la anulación de la Providencia de Apremio por falta de notificación de la liquidación -sanción-.

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Providencia de Apremio de Sanción Urbanística y Multa Coercitiva: El edificio sobre el que se ordenó la realización de las obras no ejecutadas fue transmitido por medio de compraventa a otra entidad, habiendo asumido la adquirente todos los compromisos respecto al edificio. La entidad reclamante era dueña del inmueble cuando fue requerida en numerosas ocasiones para ejecutar las obras necesarias de conservación: No concurre la causa de impugnación del art. 167.3e) LGT, error u omisión en la providencia de apremio que impida la identificación del deudor, porque la entidad reclamante es inequívocamente deudora tanto de la sanción urbanística como de la multa coercitiva apremiadas. Principio de Personalidad de las Sanciones: de la necesidad de imputación subjetiva deriva el principio de que las sanciones, penales o administrativas, no pueden ser transmitidas a quien no es responsable de las mismas. Audiencia Nacional, S 6 mayo 2003, TS 26 de noviembre 2001. Desestimación.