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Reclamación contra Recibos de IBI que se siguen girando a nombre del antiguo titular, que resultó expropiado por el propio Ayuntamiento de Málaga. El problema planteado consistir en determinar quién es SUJETO PASIVO del impuesto, que, según el art. 63 LRHL, es la personal que ostente la titularidad del derecho que sea constitutivo del hecho imponible, al tiempo del DEVENGO del impuesto, que es el primer día del período impositivo, coincidente con el año natural. Art. 75.3 DE LA ANTIGUA LRHL: las alteraciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquel en que tuvieren lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos administrativos correspondientes; HOY, ART. 76: Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este Impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. Art. 13 LEY CATASTRO INMOBILIARIO, de 5 de marzo de 2004. La resolución estima la pretensión, declarando que en 2003 a la fecha del devengo la condición de sujeto pasivo del IBI solo concurría en el reclamante, pero en 2004 era sujeto pasivo sólo de la parte que no fue expropiada por el Ayuntamiento y en 2005 perdió totalmente su dominio y con ello la condición de sujeto pasivo.

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Reclamación frente a Liquidación Complementaria del Impuesto de Plusvalía por constitución de derecho de superficie sobre finca adquirida en virtud escritura de ampliación de capital social. La sociedad reclamante alega que la adquisición de la finca no se produjo con ocasión de la ampliación de capital social, sino en un momento posterior, cuando tuvo lugar la segregación de la finca de su matriz. Se desestima la reclamación porque en la escritura pública que es el documento base de la liquidación impugnada se hace constar expresamente por la propia sociedad reclamante que el título de propiedad de la finca lo es la escritura de ampliación de capital, argumentando la resolución que la segregación no es título traslativo, sino simplemente declarativo, por lo tanto, la fecha inicial a efectos del impuesto es la de la ampliación de capital.

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Reclamación Consejería Educación en representación de Instituto de Enseñanza Secundaria Ciudad Jardína, sobre Tasa de Basuras, por indebida aplicación de la Tarifa 9, sobre Actividades individuales, profesionales, Colegios Profesionales, locales indirectamente afectos y otros establecimientos no incluidos en otros epígrafes; se estima la reclamación porque la liquidación practicada con fundamento en tal tarifa no es correcta, al no serle de aplicación, habiéndosele debido aplicar la de centros docentes, que tampoco está redactada de modo claro y que además resultaría ser de mayor cuantía, empeorando la situación de la entidad reclamante. Se estima la reclamación, por no ser conforme la Tarifa 9, sin pronunciamiento sobre cuál debe ser la correcta. En el Dictamen de la Ordenanza se ha propuesto la correcta formulación de las Tarifas de la Tasa, para su concreción y en evitación de casos como éste.

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Se trata de una reclamación que se interpone contra un documento llamado formalmente liquidación, que se notifica al interesado como medio para cobrarle la SANCIÓN previamente impuesta en MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. A pesar de que las sanciones no tributarias no pueden ser objeto de reclamación económico administrativa (art. 22.c) Reglamento Orgánico), se entra a conocer del fondo porque hay un acto administrativo de aprobación de la liquidación, con un régimen de recursos con reclamación que se notifica al interesado, frente al que cabe la reclamación, porque se trata también de un acto dirigido a la recaudación de la deuda. En ambos casos cabe la reclamación, según el artículo 21. A) y e) del Reglamento. DEFECTUOSA NOTIFICACIÓN por empresa privada, sin testigos, y sin prueba fehaciente de los intentos de notificación personal. Notificación edictal inválida. Se estima la reclamación, anulando la liquidación y ordenando la devolución del importe pagado por el interesado.

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Anulación de un acta de inspección y sanción giradas por Tasa de Apertura, considerando que: 1.- No concurre caducidad al no existir requerimiento para subsanar defectos de la tramitación de la licencia. 2.- La Ordenanza Fiscal aplicable era la que se encontraba en vigor en el momento de efectuarse la solicitud de concesión de licencia. 3.- Prescripción del derecho a liquidar la deuda, dado que el nacimiento de la obligación de contribuir se produce desde que se solicita la licencia y no desde la apertura del establecimiento.