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La reclamante impugnó la diligencia de embargo de un bien inmueble, dictada en los procedimientos ejecutivos 0.000.000 y 0.000.000, por impago de multas coercitivas impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Alegó que la deuda debía haber quedado suspendida en fase voluntaria de cobro y que se vulneraron los principios de proporcionalidad, prelación y menor onerosidad, solicitando la anulación del embargo. El tribunal determinó que no existía acuerdo de suspensión del procedimiento de recaudación, por lo que el inicio del período ejecutivo era procedente. Además, concluyó que el embargo de cuentas, créditos y bienes inmuebles se realizó conforme a la normativa y era necesario para garantizar el cobro de la deuda, ya que se habían agotado otras vías de recaudación. También se verificó que el proceso no resultó desproporcionado, dado que no se llegó a la venta del inmueble, sino que la deuda fue pagada por la interesada. En consecuencia, se resolvió la desestimación de la reclamación, considerando que la actuación de la Administración se ajustó a derecho.

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El reclamante impugna la resolución que desestima su recurso contra la liquidación del ICIO, alegando su derecho a exención como entidad religiosa inscrita y acogida al régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro, en virtud del Acuerdo entre España y la Santa Sede. Inicialmente, el órgano gestor rechaza la exención argumentando que el centro no es estrictamente religioso. Sin embargo, el tribunal reconoce que dicha exclusión no está expresamente prevista y que existen precedentes que confirman la aplicación de la exención en casos similares, como una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga. En consecuencia, se estima la reclamación, se revoca la resolución impugnada y se anula la liquidación del impuesto.

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El reclamante impugna la resolución que acuerda iniciar el procedimiento de devolución de ingresos en relación con una liquidación del ICIO, solicitando la exclusión de la partida correspondiente a la gestión de residuos de la base imponible del impuesto. El órgano gestor rechazó dicha solicitud, argumentando que el coste real y efectivo de la obra incluye la gestión de residuos, dado que la producción y eliminación de estos es una actividad inherente a la ejecución material de la construcción. Este criterio se encuentra respaldado por el Real Decreto 105/2008 y por sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, que consideran la gestión de residuos como una parte estructural del proceso constructivo. Dado que la base imponible del ICIO debe determinarse en función del coste real y efectivo de la obra, y considerando que la gestión de residuos forma parte indisoluble de la misma, el tribunal desestima la reclamación y confirma la resolución impugnada, manteniendo la inclusión de la partida correspondiente en la base imponible del impuesto.

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Devolución de Ingresos Indebidos. Sujeto Pasivo Contribuyente. IBI. La mercantil formula en su reclamación, ante el Jurado, que habiéndose suscrito contratos de arrendamientos documentados mediante escrituras formalizadas ante notario, ambas partes estipulan que el pago de los impuestos que gravan los inmuebles correría por cuenta del arrendatario. De conformidad con el artículo 17.5 de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria, los pactos entre particulares son válidos y producen todos sus efectos inter partes, aunque son ineficaces frente a la Administración Tributaria. El IBI es un tributo de los que se han venido a denominar de gestión compartida. Las competencias propias del ámbito de gestión censal corresponden a la Dirección General del Catastro, y aquellas que se circunscriben a la gestión tributaria del impuesto quedan reservadas a la entidad local. La ley atribuye la condición de sujeto pasivo contribuyente al titular del inmueble, que constituye el objeto tributario, figurando como titularcatastral.   

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Procedimiento de Comprobación limitada. Caducidad expediente sancionador. Devolución de Ingresos Indebidos. Tasa por entrada de vehículo. El reclamante solicita que se acuerde caducidad de todos los expedientes tramitados por el procedimiento de comprobación limitada en los que se ha determinado la deuda que se le exige –artículos 136 al 140 de la Ley 58/2.003, Ley General Tributaria-. Habiéndose examinado la documentación obrante en el expediente, este Tribunal acuerda que se ha superado el plazo regulado en el artículo 104 de la Ley 58/2.003. De los procedimientos de comprobación limitada fueron abonados “parte del importe de los ingresos” procediendo incoar expediente de devolución por ingresos indebidos respecto de las cantidades que restan del importe total abonado.